El régimen de coparticipación federal está, una vez más, en el centro de la discusión política. Las cuentas provinciales en rojo y la puja electoral en ciernes dificultan un nuevo acuerdo.
Históricamente, el reparto de los impuestos define, de algún modo, la relación entre el gobierno central y las provincias. El régimen de coparticipación federal de impuestos es motivo de reclamos de varias administraciones provinciales y una de las asignaturas pendientes derivadas de la reforma constitucional de 1994. Y ya insinúa ser la primera batalla electoral entre el gobierno nacional y gobernadores con aspiraciones a sentarse en la poltrona mayor de la Casa Rosada.
Los analistas coinciden en que la torta no se reparte de modo equilibrado, de allí que las provincias más grandes y productivas (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe) objeten la tajada que les toca en el reparto, en contraste con el aporte que hacen al fisco. También se oye decir que esos fondos no compensan el incremento de gastos generados por los servicios transferidos en los 90 (salud, educación, seguridad). En fin, una pelea enmarcada por una actualidad de frazada corta, en la que todos ponen, pero muchos sacan menos de lo que esperan.
La coparticipación es el sistema mediante el cual el Estado federal y las provincias dividen los impuestos recaudados fijados por el Congreso nacional como coparticipables. El sistema tiene rango constitucional y se rige por la ley 23.548 (de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales), vigente desde 1988. La norma debió haber sido modificada a fines de 1996, por una cláusula transitoria incluida en la Constitución Nacional de 1994. Pero aún no se ha podido alcanzar un acuerdo para cambiar las alícuotas del reparto entre todas las provincias y el Estado central. “Año tras año las provincias pierden recursos porque la Nación creó impuestos que no coparticipó, como el impuesto al cheque o las retenciones a las exportaciones”, sostiene Verónica Sosa, analista de Economía & Regiones. Así, mientras la ley vigente fija una distribución primaria a las provincias de 54 por ciento, “en la actualidad reciben apenas el 26 por ciento, incluyendo el Fondo Federal Solidario (Fondo de la Soja)”, asegura. La especialista recuerda que entre 2003 y 2007 casi todas las administraciones provinciales tenían superávit fiscal, “un período que coincidió con un crecimiento fuerte de la economía y contención de los salarios”. A partir de allí, se creció pero comenzaron a convalidarse mayores incrementos salariales, de modo que “cada vez es más grande la cuota salarial en los gastos de las provincias”. Estos dos fenómenos (menos recursos coparticipables y más gastos provinciales) explicarían, en parte, el déficit que hoy muestran muchas gobernaciones. En el caso de Buenos Aires, se suma el hecho de que el Fondo de Restitución Histórica del Conurbano desde 1998 quedó fijo en 650 millones de pesos. Para Sosa se perdió una oportunidad de reformar el régimen de coparticipación cuando había superávit fiscal en las provincias. “Ahora, ¿qué les vas a sacar? Sólo queda el pataleo”, afirma. Por su parte, Ramiro Castiñeira, analista de Econométrica, destaca que “la esencia del déficit fiscal de las provincias es un problema macroeconómico, la economía no crece y hay inflación”. Sobre esto hay que agregar que “la Argentina tiene un socio que no crece como antes (Brasil) y que se gasta más de lo que se recauda”. Castiñeira coincide en que la reforma del régimen de coparticipación es compleja y “se requiere decisión política para cambiarlo”, pero insiste en que “la prioridad es que la economía vuelva a crecer”.
TIRA Y AFLOJE
En medio de un año electoral que ya empieza a calentar los motores, la coparticipación federal de impuestos está al tope de la agenda política. Pero no es de fácil resolución, porque a diferencia de otros países, en la Argentina la propia Constitución declara la necesidad de que el nuevo régimen se establezca por ley y por unanimidad de todas las jurisdicciones. Además, la coparticipación adquiere mayor relevancia por el abultado déficit fiscal de muchos gobiernos provinciales. Un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), de la Fundación Mediterránea, calcula que las provincias tienen “un resultado primario deficitario de 15 mil millones de pesos”, un argumento que explica el porqué de la puja.
Para el Ieral hay tres hechos que caracterizan la relación Nación-provincias en la última década. Por un lado, “cayó la participación del conjunto de las provincias en el reparto automático de los recursos tributarios nacionales”. Por otro lado, “se produjo un perjuicio relativo a la provincia de Buenos Aires en el reparto automático”, por el tope fijado al Fondo del Conurbano. Y por último, “aumentó la porción de los recursos tributarios nacionales que ahora se envían en forma discrecional a las provincias”. En este marco, “una reforma sólo podría resultar políticamente viable si el gobierno nacional resigna un porcentaje importante de su participación efectiva en el reparto, de manera que las provincias ganen recursos en términos absolutos”. Para no desfinanciarse, el Gobierno “debería compensar disminuyendo la importancia de los envíos discrecionales a las provincias”, sostiene el Ieral, algo bastante improbable en el escenario actual.
Un estudio de la Universidad Nacional de San Martín hace un detallado relevamiento de las diferentes modificaciones que sufrió el sistema a lo largo de la historia. Ya la Constitución Nacional de 1853, si bien no hablaba de coparticipación, definía que el gobierno nacional satisfacía sus necesidades fiscales con los producidos de los derechos aduaneros, la explotación y venta de tierras públicas y los empréstitos, en tanto que las provincias cobraban impuestos internos.
El régimen de coparticipación tal cual lo conocemos hoy data de 1935, cuando a raíz de la crisis mundial desatada en aquellos años, el comercio exterior se redujo drásticamente y el régimen tributario basado en los ingresos de Aduana dejó con escasos recursos a la Nación. Allí se fijó un monto de coparticipación en base al impuesto a las ventas y a los réditos, con una tajada leonina para el Estado nacional (82,5 por ciento) y 17,5 por ciento para el conjunto de las provincias (distribución primaria). Hacia 1946 esta distribución primaria pasó al 21 por ciento y en 1951 el gobierno nacional la llevó a 51,2 por ciento. El 48,8 por ciento restante quedó para sufragar los gastos de la Nación. A lo largo de los años los porcentajes se fueron modificando hasta llegar a la sanción de la ley 20.221 de 1973, que establecía el Régimen Único de Coparticipación en el que las provincias se alzaban con el 48,5 por ciento de lo recaudado, con una distribución secundaria (entre las provincias) basada en función de la población, la diferencia de cada provincia con la zona más rica del país y la dispersión poblacional. En 1988 se sancionó la ley 23.548, un régimen transitorio de coparticipación por dos años pero vigente hasta el día de hoy. La norma fijó en 42,34 por ciento la participación de la Nación, 54,66 por ciento para las provincias, dos por ciento para un fondo de desarrollo provincial y uno por ciento en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Según la reforma constitucional de 1994 un nuevo régimen de coparticipación debió entrar en vigencia en diciembre de 1996, cosa que finalmente no ocurrió.
Históricamente, el reparto de los impuestos define, de algún modo, la relación entre el gobierno central y las provincias. El régimen de coparticipación federal de impuestos es motivo de reclamos de varias administraciones provinciales y una de las asignaturas pendientes derivadas de la reforma constitucional de 1994. Y ya insinúa ser la primera batalla electoral entre el gobierno nacional y gobernadores con aspiraciones a sentarse en la poltrona mayor de la Casa Rosada.
Los analistas coinciden en que la torta no se reparte de modo equilibrado, de allí que las provincias más grandes y productivas (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe) objeten la tajada que les toca en el reparto, en contraste con el aporte que hacen al fisco. También se oye decir que esos fondos no compensan el incremento de gastos generados por los servicios transferidos en los 90 (salud, educación, seguridad). En fin, una pelea enmarcada por una actualidad de frazada corta, en la que todos ponen, pero muchos sacan menos de lo que esperan.
La coparticipación es el sistema mediante el cual el Estado federal y las provincias dividen los impuestos recaudados fijados por el Congreso nacional como coparticipables. El sistema tiene rango constitucional y se rige por la ley 23.548 (de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales), vigente desde 1988. La norma debió haber sido modificada a fines de 1996, por una cláusula transitoria incluida en la Constitución Nacional de 1994. Pero aún no se ha podido alcanzar un acuerdo para cambiar las alícuotas del reparto entre todas las provincias y el Estado central. “Año tras año las provincias pierden recursos porque la Nación creó impuestos que no coparticipó, como el impuesto al cheque o las retenciones a las exportaciones”, sostiene Verónica Sosa, analista de Economía & Regiones. Así, mientras la ley vigente fija una distribución primaria a las provincias de 54 por ciento, “en la actualidad reciben apenas el 26 por ciento, incluyendo el Fondo Federal Solidario (Fondo de la Soja)”, asegura. La especialista recuerda que entre 2003 y 2007 casi todas las administraciones provinciales tenían superávit fiscal, “un período que coincidió con un crecimiento fuerte de la economía y contención de los salarios”. A partir de allí, se creció pero comenzaron a convalidarse mayores incrementos salariales, de modo que “cada vez es más grande la cuota salarial en los gastos de las provincias”. Estos dos fenómenos (menos recursos coparticipables y más gastos provinciales) explicarían, en parte, el déficit que hoy muestran muchas gobernaciones. En el caso de Buenos Aires, se suma el hecho de que el Fondo de Restitución Histórica del Conurbano desde 1998 quedó fijo en 650 millones de pesos. Para Sosa se perdió una oportunidad de reformar el régimen de coparticipación cuando había superávit fiscal en las provincias. “Ahora, ¿qué les vas a sacar? Sólo queda el pataleo”, afirma. Por su parte, Ramiro Castiñeira, analista de Econométrica, destaca que “la esencia del déficit fiscal de las provincias es un problema macroeconómico, la economía no crece y hay inflación”. Sobre esto hay que agregar que “la Argentina tiene un socio que no crece como antes (Brasil) y que se gasta más de lo que se recauda”. Castiñeira coincide en que la reforma del régimen de coparticipación es compleja y “se requiere decisión política para cambiarlo”, pero insiste en que “la prioridad es que la economía vuelva a crecer”.
TIRA Y AFLOJE
En medio de un año electoral que ya empieza a calentar los motores, la coparticipación federal de impuestos está al tope de la agenda política. Pero no es de fácil resolución, porque a diferencia de otros países, en la Argentina la propia Constitución declara la necesidad de que el nuevo régimen se establezca por ley y por unanimidad de todas las jurisdicciones. Además, la coparticipación adquiere mayor relevancia por el abultado déficit fiscal de muchos gobiernos provinciales. Un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), de la Fundación Mediterránea, calcula que las provincias tienen “un resultado primario deficitario de 15 mil millones de pesos”, un argumento que explica el porqué de la puja.
Para el Ieral hay tres hechos que caracterizan la relación Nación-provincias en la última década. Por un lado, “cayó la participación del conjunto de las provincias en el reparto automático de los recursos tributarios nacionales”. Por otro lado, “se produjo un perjuicio relativo a la provincia de Buenos Aires en el reparto automático”, por el tope fijado al Fondo del Conurbano. Y por último, “aumentó la porción de los recursos tributarios nacionales que ahora se envían en forma discrecional a las provincias”. En este marco, “una reforma sólo podría resultar políticamente viable si el gobierno nacional resigna un porcentaje importante de su participación efectiva en el reparto, de manera que las provincias ganen recursos en términos absolutos”. Para no desfinanciarse, el Gobierno “debería compensar disminuyendo la importancia de los envíos discrecionales a las provincias”, sostiene el Ieral, algo bastante improbable en el escenario actual.
Un estudio de la Universidad Nacional de San Martín hace un detallado relevamiento de las diferentes modificaciones que sufrió el sistema a lo largo de la historia. Ya la Constitución Nacional de 1853, si bien no hablaba de coparticipación, definía que el gobierno nacional satisfacía sus necesidades fiscales con los producidos de los derechos aduaneros, la explotación y venta de tierras públicas y los empréstitos, en tanto que las provincias cobraban impuestos internos.
El régimen de coparticipación tal cual lo conocemos hoy data de 1935, cuando a raíz de la crisis mundial desatada en aquellos años, el comercio exterior se redujo drásticamente y el régimen tributario basado en los ingresos de Aduana dejó con escasos recursos a la Nación. Allí se fijó un monto de coparticipación en base al impuesto a las ventas y a los réditos, con una tajada leonina para el Estado nacional (82,5 por ciento) y 17,5 por ciento para el conjunto de las provincias (distribución primaria). Hacia 1946 esta distribución primaria pasó al 21 por ciento y en 1951 el gobierno nacional la llevó a 51,2 por ciento. El 48,8 por ciento restante quedó para sufragar los gastos de la Nación. A lo largo de los años los porcentajes se fueron modificando hasta llegar a la sanción de la ley 20.221 de 1973, que establecía el Régimen Único de Coparticipación en el que las provincias se alzaban con el 48,5 por ciento de lo recaudado, con una distribución secundaria (entre las provincias) basada en función de la población, la diferencia de cada provincia con la zona más rica del país y la dispersión poblacional. En 1988 se sancionó la ley 23.548, un régimen transitorio de coparticipación por dos años pero vigente hasta el día de hoy. La norma fijó en 42,34 por ciento la participación de la Nación, 54,66 por ciento para las provincias, dos por ciento para un fondo de desarrollo provincial y uno por ciento en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Según la reforma constitucional de 1994 un nuevo régimen de coparticipación debió entrar en vigencia en diciembre de 1996, cosa que finalmente no ocurrió.
Por Carlos Boyadjián
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